Claves del conflicto en Perú
El norte de Perú - en particular las provincias de Bagua y Utcubamba, en el estado Amazonas- se ha convertido en escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas policiales y las comunidades indígenas, que luchan por proteger sus territorios ancestrales.
Los incidentes ocurridos en la región de la Amazonía son los más violentos desde que culminara la insurgencia del grupo militante Sendero Luminoso en la década de los '90 y el mayor desafío que enfrenta el presidente Alan García dentro de su país, desde que asumiera el poder en 2006.
¿Qué dio lugar a estos enfrentamientos? ¿Qué dice el gobierno?
¿Cuándo y por qué se originaron las protestas?
Las protestas protagonizadas por los indígenas y que alcanzaron su punto más álgido a comienzos de junio se iniciaron el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos promulgados por el presidente de Perú, Alan García, en 2008, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
Sin embargo antes del mes de abril, los indígenas ya habían organizado una serie de protestas exigiendo la anulación de los decretos, aunque en menor escala.
¿Por que los indígenas rechazan estos decretos?
Estos decretos regulan el manejo de los recursos forestales e hídricos y facilitan a las compañías extranjeras la perforación en busca de petróleo y gas, en tierras que las comunidades indígenas consideran ancestrales.
La región de la Amazonía es además una de las áreas de mayor diversidad biológica del planeta.
En opinión de los indígenas, los decretos establecidos por García perjudican a sus comunidades al permitir la "privatización" de los bosques y los recursos hídricos.
Según le explicó a BBC Mundo Jonathan Mazower, de la organización no gubernamental Survival International, los indígenas bloquearon varios ríos. El más importante ha sido el Napo, un tributario del Amazonas utilizado por algunas compañías para transportar bienes y maquinaria.
También bloquearon caminos y pistas de aterrizaje en el norte y centro de Perú con el mismo fin y ocuparon estaciones de bombeo en los oleoductos que van del Amazonas hacia la costa.
Los indígenas quieren que sean anulados los decretos que permiten a las compañías petroleras -como Perenco, Repsol, Petrolífera o Petrobrás, por nombrar sólo a algunas- operar sin consultar a las comunidades indígenas.
Antes de que estos decretos entrasen en vigor, las compañías tenían que consultar a las comunidades indígenas.
Según el gobierno, la nueva legislación "ordena" el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas.
Además, el gobierno dice necesitar estos decretos para cumplir con los acuerdos establecidos en el TLC con EE.UU.
Por otra parte, el presidente Alan García insiste en la necesidad de atraer a la inversión privada para estimular la economía siempre y cuando se respete lo que establecen las leyes.
Cabe recordar que el año pasado Perú experimentó un boom de crecimiento del 9,84% anual, convirtiéndose en una de las economías de mejor desempeño en 2008.
No hay uniformidad dentro de la postura del gobierno
El decreto también ha sido criticado por algunos grupos parlamentarios que lo consideran "anticonstitucional" y opinan que -en efecto- favorece la "extranjerización" de la tierra.
Antes de que estallara la violencia, algunos congresistas -señala Mazower- se habían mostrado dispuestos a iniciar negociaciones con las organizaciones indígenas y suspender los decretos que estaban causando tanto conflicto.
El domingo, García dijo que detrás de los disturbios están las potencias extranjeras que compiten por la explotación de petróleo, gas y minerales. Si bien no hizo mención a países específicos, para muchos fue una clara alusión a los gobiernos de Bolivia y Venezuela.
Bolivia se defendió, negando cualquier injerencia en los hechos que están ocurriendo en Perú.
El gobierno de Venezuela no ha hecho comentarios respecto a las acusaciones de García, pero la ministra venezolana para Asuntos Indígenas criticó duramente las acciones contra las comunidades nativas tomadas por el gobierno de García y calificó lo ocurrido en Perú de "genocidio".
Algunos analistas creen que a raíz de lo ocurrido en el norte del país, el presidente podría verse forzado a despedir a ministros importantes dentro de su gabinete o, si quiere poner fin a los sangrientos choques con la comunidad indígena, a modificar o anular las leyes que provocaron la protesta.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno se ha mostrado intransigente y la actitud de García se ha endurecido en los últimos días.
BBC MUNDO
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